La Ley 21.719 entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026 y afecta a toda empresa que trate datos personales, sin importar su tamaño. No hace falta ser experto para saber si usted está preparado: estas siete preguntas le dan una primera señal.
1. ¿Sabe qué datos personales trata y dónde están?
Clientes, trabajadores, proveedores, postulantes, cámaras de seguridad. Sin un inventario de los datos que usted maneja, no puede protegerlos ni explicar qué hace con ellos.
2. ¿Tiene una base de licitud para cada tratamiento?
La ley exige que cada uso de datos se apoye en una base legal: consentimiento, ejecución de un contrato, obligación legal, interés legítimo u otras. El consentimiento no es la respuesta para todo.
3. ¿Informa a las personas de manera clara?
Los titulares deben saber quién trata sus datos, para qué y por cuánto tiempo. Una política de privacidad genérica copiada de otro sitio rara vez cumple ese estándar.
4. ¿Puede atender las solicitudes de los titulares a tiempo?
Las personas podrán pedir acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos. El responsable cuenta con 30 días corridos para responder, prorrogables una vez. Se necesita un procedimiento y alguien a cargo.
5. ¿Qué hacen sus proveedores con los datos que usted les entrega?
Contadores, plataformas en la nube, agencias de marketing, servicios de nómina. Si ellos tratan datos por su cuenta, usted sigue siendo responsable de que lo hagan bien.
6. ¿Cuenta con medidas de seguridad proporcionales al riesgo?
Control de accesos, respaldos, actualizaciones, contraseñas y capacitación básica del personal. No se trata de gastar más, sino de proteger primero lo más crítico.
7. ¿Sabría qué hacer ante una vulneración de seguridad?
Perder un computador, sufrir un ransomware o enviar un correo al destinatario equivocado puede ser una vulneración que deba reportarse. Tener un plan de respuesta antes del incidente marca la diferencia.
¿Y las sanciones?
Las infracciones se clasifican en leves, graves y gravísimas, con multas de hasta 5.000, 10.000 y 20.000 UTM respectivamente. Además, las sanciones se inscriben en un registro público. Prevenir sale más barato que responder.
Si respondió «no sé» a más de dos preguntas, conviene partir con un diagnóstico. Conversemos.
Contenido informativo. No constituye asesoría legal ni reemplaza el texto oficial de la ley.
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